Correa afronta la petición de 125 años de cárcel en el final del juicio de la primera etapa del caso Gürtel



Francisco Correa, a las puertas del TSJV en 2013. REUTERS/Heino Kalis

El juicio queda visto para sentencia. Mañana se espera que el magistrado Ángel Hurtado pronuncie esta frase en la sede de la Audiencia Nacional en la localidad de San Fernando de Henares (Madrid). El juez pondrá así fin a 125 jornadas de la vista oral del macrojuicio de la primera época de la trama Gürtel, la causa troncal que transcurre desde 1999 hasta 2005.

La vista oral arrancó hace más de un año, el 4 de octubre de 2016. Tiene el honor de haber conseguido la medalla de plata, al convertirse en uno de los juicios más largos de la historia judicial española. Únicamente ha sido superado por el del caso Malaya, que llevó al banquillo a la trama corrupta en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) liderada por el exalcalde Julián Muñoz, según recuerda EFE.

Para entender la dimensión de este proceso se puede comparar con el juicio de los atentados del 11 de marzo de 2004, que presidió Javier Gómez Bermúdez, donde se celebraron 57 sesiones, menos de la mitad. La última sesión del juicio contra el caso de corrupción que ha tocado el corazón mismo del partido del Gobierno está anunciada para las 12 del mediodía.

La jornada más recordada es la 101, que se celebró el 27 de julio. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declaraba como testigo, al prosperar la petición de la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE). Era la primera vez en democracia que ocurría algo así. Rajoy testificó que su partido «jamás» había recibido donativos en efectivo de empresarios y negó la recepción de sobresueldos.

En total, se juzga a 37 acusados. El extesorero del PP Luis Bárcenas y el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, se encuentran entre los personajes más célebres del banquillo de los acusados.

Al celebrarse este jueves la sesión final, el tribunal ha ordenado que Correa, que se enfrenta a la mayor petición de pena por parte de la Fiscalía, sea trasladado desde la cárcel de Valdemoro para que pueda acogerse a su derecho a la última palabra. El acusado se encuentra recluido cumpliendo 13 años de condena por el amaño de los contratos del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en Fitur.

Las peticiones de penas por parte de la Fiscalía son abrumadoras: 125 años de prisión para Correa, 85 para Pablo Crespo, presunto número dos y exsecretario de Organización del PP gallego, 39 para Luis Bárcenas y Alberto López Viejo exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid. Los exalcaldes de Majadahonda, Guillermo Ortega, y Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, se enfrentan a 50 y 15 años, respectivamente.

Mariano Rajoy en un acto del PP

El Partido Popular (PP) y la exministra de Sanidad Ana Mato, exesposa de Jesús Sepúlveda, también afrontan la jornada con preocupación. El Ministerio Público les reclama 328.440 y 28.468 euros, respectivamente, como presuntos partícipes a título lucrativo.

En la sesión celebrada este jueves el abogado del PP Jesús Santos, que fue anteriormente teniente fiscal de la Audiencia Nacional, pidió que se eximiera al partido de la responsabilidad civil. La exposición de conclusiones finales del letrado ha durado algo más de una hora en la que he intentado desmontar la acusación y ha criticado la petición de la Fiscalía de una sentencia ejemplar. «La justicia no se debe aplicar con pasión, amor y odio sino con ponderación de las pruebas y con criterio racional», ha afirmado.

«La justicia no se debe aplicar con pasión, amor y odio sino con ponderación de las pruebas y con criterio racional»Jesús Santos

Santos ha asegurado que en el procedimiento no se ha acreditado suficientemente quién es el «supuesto perjudicado» que se benefició de los fondos de los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo, así como no se ha comprobado si el dinero utilizado para las actividades corruptas pertenecía a los consistorios.

El abogado ha intentado desvincular al PP de los actos electorales que organizaba el propio partido con empresas de Correa en ambos municipios. Incluso los ha calificado de «actos a escondidas». «Las concesiones que el grupo Correa quisiera hacer a ayuntamientos, (…) son actos, si es que se hicieron, contrarios a la voluntad del PP, actos que el PP no quería hacer», ha afirmado. La versión del letrado es que el PP no se benefició de esta trama corrupta.

Ana Mato, cuando era ministra de Sanidad, en el Congreso.

Una estrategia similar a la que ha seguido Julia Muñoz, abogada de la exministra de Sanidad, que ha asegurado que su defendida es víctima del cúmulo de «especulaciones» y «conjeturas» de la Fiscalía Anticorrupción. En su alegato, Muñoz ha asegurado que Mato es la «primera interesada» en demostrar que no ha obtenido un «beneficio alguno» de los hechos que se están enjuiciando y ha pedido que se la exima de responsabilidad civil, porque no se lucró con dinero de la trama.

Este viernes todos los focos se situarán de nuevo sobre Correa. Un total de 125 jornadas han sido necesarias para poner fin al juicio de nunca acabar. Ahora toca esperar a la sentencia. ¿Será ejemplar, como ha pedido la Fiscalía?





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