Las claves para entender el desacuerdo PSOE-UP por la reforma laboral (con Rodríguez de fondo)


La coalición de Gobierno formada por PSOE y Unidas Podemos desde 2019 pasa estos días por su peor crisis de convivencia. El momento es “delicado”, en palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. La alianza ha soportado la salida del líder morado, Pablo Iglesias, una crisis de Ejecutivo y baile de carteras, declaraciones cruzadas de ministros, distintas sensibilidades e ideologías, tensiones electorales… y ahora se enfrenta a la doble visión de la izquierda española sobre la draconiana reforma laboral del PP y su necesitad de derogarla o mitigarla. 

La pelea no sólo es por el grado en que ha de producirse el cambio, algo que sería lógico entre partidos más centristas o más izquierdistas, sino por quién lleva las riendas de la negociación. ¿Es Economía, parcela del PSOE, o es Empleo, parcela de UP? Con este debate de fondo, estalló la polémica por la pérdida del escaño del diputado de Podemos Alberto Rodríguez, tras la orden dada por la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, siguiendo las disposiciones del Tribunal Supremo. La tormenta perfecta para ahondar el enfado entre los socios. 

Estas son las claves para entender de dónde viene el cisma, cuán profundo es,  cómo se puede resolver y qué consecuencias puede tener en La Moncloa. De momento, dicen en los dos lados, que no suenen las alarmas: no hay riesgo de ruptura de la coalición.

El email de la discordia

El jueves por la noche, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, envió un email a la vicepresidenta segunda y titular de Empleo, Díaz, para imponer su presencia en la mesa de negociación de la reforma laboral con la patronal y los sindicatos. El fondo de su argumentación es que los socios de Unidas Podemos estaban planteando algunas medidas que pondrían en riesgo la recepción de los fondos europeos, de los que Calviño es guardiana. 

El viernes, cuando el mail ya estaba procesado, Unidas Podemos estalló y pidió una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición entre las dos formaciones, por lo que consideraba este paso una “injerencia directa y grave” de Calviño en las competencias de Díaz. Lo hizo a través de un tuit de Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, sin llamada previa a Moncloa. 

El presidente Pedro Sánchez, a su salida del Consejo Europeo de Bruselas, respaldó a Calviño y negó cualquier tipo de “intromisión”, porque lo que hay es “colaboración entre ministerios”. Para el presidente, “quien negocia es el Gobierno” y no un ministerio concreto. Incluso dijo que en la cuestión de la reforma laboral hay “al menos, cinco ministerios directamente: Trabajo, Economía, Seguridad Social, Educación y Hacienda”. 

Calviño, este lunes, ha defendido su posición, la de cumplir con Bruselas, en el Financial Times, donde ha insistido en “una reforma equilibrada” entre creación y calidad del empleo. En el marco de un análisis del medio londinense sobre la capacidad de la transformación económica de España, Calviño ha remarcado la necesidad de “europeizar el mercado laboral español” y de “proporcionar flexibilidad, pero también acabar con los abusos y la precariedad de los contratos, que han aumentado la inequidad en España desde la crisis financiera”. Y eso pasa, ha indicado, por “conseguir una reforma equilibrada que promueva la creación de empleo, pero que también mejor la calidad de esos puestos de trabajo”.

De quién es la competencia

Las competencias en materia laboral -que de eso trata la reforma laboral- corresponden al Ministerio de Trabajo que encabeza Yolanda Díaz, de Unidas Podemos. Pero el equipo de Calviño entiende que es la vicepresidenta primera la que coordina la política económica del Gobierno y todo lo que tiene reflejo en la economía pasa por ella, más aún si el dinero de Europa entra en juego. Hay que recordar el Calviño es una dirigente muy apreciada en Bruselas y garante de la moderación tan del gusto comunitario. 

En vista del cariz que estaban tomando las negociaciones en el marco del diálogo social, la titular de Asuntos Económicos decidió el jueves por la noche tomar el mando de esta reforma y así lo trasladó a sus socios, vía correo electrónico, dicen en el PSOE. En UP, por su parte, entienden que Calviño está “intentando maniobrar” y eso supone un incumplimiento “grave” de este pacto.

Desde Trabajo, informa EFE, insisten en que la modificación del mercado laboral es “una competencia exclusiva” suya, aunque la vicepresidenta segunda ha estado negociando internamente con el resto de ministerios, que es lo que dice Sánchez, y llevando a cabo una serie de contactos preliminares cuando la cuestión ya está muy avanzada con los agentes sociales.

Calviño reconoce esos “contactos preliminares”, pero niega que se trate de negociación alguna. No obstante, la patronal apoya a la vicepresidenta primera, cuya participación “tiene sentido”, algo que rechazan los sindicatos, leales a Díaz, con la que se han fajado en las distintas negociaciones de ERTES o salario mínimo. 

A vueltas con la reforma

La reforma laboral popular es un viejo caballo de batalla de tensiones entre los socios. Esto es lo que dice textualmente el acuerdo de investidura entre PSOE y Unidas Podemos sobre la reforma laboral: 

1.3.- Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos.
En concreto y con carácter urgente:
 – Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.
 – Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
 – Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

Asimismo,
 – Modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.

 – Limitaremos la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa.
 – Revisaremos el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos,
orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.

Ya en mayo de 2020, hubo polémica porque PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu publicaron un acuerdo según el cual se derogaba de forma íntegro el texto aprobado por el PP en 2012 y horas después los socialistas rebajaron el contenido del pacto, menos ambicioso. No obstante, este sábado, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, aseguró que el Gobierno derogará la reforma laboral “y lo va a hacer el PSOE”, porque es posible “una recuperación justa”, con pensiones y salarios dignos, frente a una derecha que afirma que hay que elegir entre crecimiento y derechos sociales.

Hasta ahora ha trascendido que Díaz, en su propuesta de reforma, aboga por  poner límites a la temporalidad, reducir jornadas en lugar de despedir a través del llamado Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo, más uso del contrato fijo-discontinuo, limitar las modificaciones unilaterales del empresario, la revisión de los contratos formativos y prácticas, combatir precariedad en la subcontratación, que los salarios los maque el sector y no la empresa o mantener los convenios cuando caduquen sin nuevo acuerdo.

Calviño, que no es militante socialista y que nunca usa la palabra “derogar”, quiere mantener la prevalencia de los convenios de empresa frente a los de sector, generalmente más beneficiosos para los trabajadores, y dice contar ahí con el apoyo de la UE. Además no quiere recuperar la llamada ultraactividad —la norma que el PP eliminó que decía que si no hay acuerdo el convenio sigue vigente aunque decaiga, algo que también favorecía a los trabajadores—, mientras que Díaz tiene la visión contraria y es lo que lleva meses negociando con patronal y sindicatos y también con Bruselas.

Brindis ‘interruptus’

Hace poco más de dos semanas que los socios de coalición posaban para una estampa bastante diferente. Fue cuando alcanzaron un acuerdo para la aprobación del borrador de Presupuestos del próximo año. El pasado miércoles UP reclamó a la parte socialista del Gobierno que la prórroga del escudo social, que se tratará en el próximo Consejo de Ministros dado que la vigencia actual expira el 31 de octubre, sea “completa y hasta que sea necesario”. Una petición que entra en los márgenes socialistas, sin problemas. 

Recientemente, el espacio confederal, tras el acuerdo sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, ha insistido en exigir la derogación de la reforma laboral y la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Es otro de los puntos de choque con los socialistas, después de haber resuelto la cuestión de Vivienda, que les había generado numerosas disputas de puertas adentro y también en la escena pública.

Y nuevo encontronazo

Estábamos el viernes aún con la pelea emai-tuit sobre la reforma laboral cuabdo estalló el segundo gran problema que afecta a la coalición: el caso Alberto Rodríguez, congresista canario condenado por atentado a la autoridad. Tras días de tira y afloja, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, socialista, decidió ejecutar el oficio remitido por el Tribunal Supremo en el que pedía que perdiera su condición de parlamentario. Lo que ocurre es que los servicios jurídicos de la Cámara Baja entendían que la sentencia no obligaba a dejar el cargo público en ejercicio, eso es, Batet dio el paso en contra de sus servicios jurídicos. 

“La presidenta del Congreso conoce la sentencia y sabe que la inhabilitación de Alberto Rodríguez era para ser elegido en unas próximas elecciones durante 45 días, lo que en ningún caso implica perder el escaño”, dijeron fuentes de Podemos al HuffPost, que entendieron el paso de Batet como una cesión a las presiones “del Supremo y a la extrema derecha”. 

Entonces comenzó un fuego cruzado intenso. Los socialistas defendían el cumplimiento con el mandato judicial y el respeto escrupuloso a lo que dicta la ley y Podemos anunciaba una denuncia contra Batet por supuesta prevaricación. Más: la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cargaba contra Belarra por las acusaciones contra el Supremo vertidas en Twitter, porque atribuían “la comisión de un delito a sus magistrados”, una afirmación que “excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión”.

Ya a lo largo del pasado fin de semana, se daban pasos que relajaban la tensión: primero Podemos marcó distancias y precisó que la denuncia contra la presidenta del Congreso sería individual, de Rodríguez contra Batet, y no del partido, como se había dicho inicialmente; luego el diputado anunció que abandonaba su partido, con lo que la denuncia vendría de un particular, y no de un morado, y al fin anunció que no se iba a querellar. 

Lo que ha hecho es cambiar de equipo de defensa –hasta ahora había estado representado ante los tribunales por una abogada de Podemos– y ahora cuenta con Isabel Elbal y Gonzalo Boye (abogado del expresident catalán Carles Puigdemont) para preparar el recurso a su condena por agresión a un agente policial. 

Pero este lunes, cargando de nuevo, Podemos ha pedido a Batet, que dimita “por dignidad” al entender que tanto lo que ha hecho el juez del Supremo Manuel Marchena, que firma la orden contra Rodríguez, como lo que ha “perpetrado” la presidenta del Congreso “atenta contra la democracia y la separación de poderes”. Es algo “gravísimo”, han coincidido en calificar los portavoces de Podemos, Isa Serra y Pablo Fernández.

Yolanda Díaz no se ha referido a la presidenta de la Cámara Baja en este enfrentamiento y se ha limitado a desear “la mejor de las suertes” a Rodríguez, en lo que ha considerado “una injusticia”.

A la espera de la mesa

Esta tarde, a partir de las 18.00 horas y tras la petición de Belarra, habrá una reunión de seguimiento del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, en el Congreso. Será el momento de tomar la temperatura al pacto. Yolanda Díaz -que no pertenece a Podemos- no acudirá al encuentro pero estará representada por su jefe de gabinete y por el secretario de Estado de Empleo, al tiempo que asistirán también Ione Belarra, Irene Montero y Pablo Echenique como representantes morados. 

Por parte del PSOE acudirá el ministro de Presidencia, Félix Bolaños y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, además del portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez y de Adriana Lastra, vicesecretaria general del partido.

Las horas previas al encuentro vienen trufadas de avisos como el de la ministra gallega de que el momento es delicado pero, al tiempo, se constataciones públicas de que nada se va a romper. Dice que se mantiene la relación de colaboración entre todos los ministerios que conforman el Gobierno: “Estamos colaborando todo el día” y, en su caso concreto, “con todos los ministerios y ministros”. Ha proclamado su convicción plena sobre el futuro de la coalición en tanto que su “compromiso con el Gobierno de España y con la coalición es personal y ético”, por lo que seguirá “defendiendo este Gobierno progresista”.

Palabras similares a las del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, parte del equipo socialista, quien directamente ha negado que haya una crisis y ha sostenido que la relación entre ambos partidos es “más que satisfactoria”.

Que no haya ruptura no quiere decir que el pulso sea menos fuerte. 

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