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¿Qué sabía el CNI? ¿De qué informó realmente? El papel del Centro Nacional de Inteligencia ha sido uno de los puntos flacos de la crisis de Ceuta y ha provocado incluso un terremoto interno en el Gobierno, con un duro enfrentamiento entre los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, por la responsabilidad de la entrada a la ciudad autónoma de decenas de miles de personas los pasados 30 y 31 de julio. La exposición de argumentos tanto de un ministerio como del otro se han intensificado a lo largo de las últimas semanas. Mientras Interior aseguraba que no había informes que señalaran el incremento de entradas a Ceuta, Defensa apuntaba a que sí que había habido información trasmitida por otras vías. A la par, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en la Cadena SER que «no había discrepancias», pero remarcó que el Centro no precisó la «magnitud» de la entrada. No es la primera vez que el CNI está expuesto públicamente más de lo que le gustaría a los espías españoles. Estos son algunos de los episodios que más han marcado al Centro desde que entró en funcionamiento en 2002. 1-O y las urnas que nunca se pudieron encontrar
Urna fotografiada durante el uno de octubre de 2017.David Ramos
Corría el año 2017 cuando en Cataluña el procés estaba en su momento álgido. La promesa del entonces Gobierno de la Generalitat de convocar un referéndum de autodeterminación se consolidó en una fecha grabada en piedra desde entonces: el uno de octubre. El Ejecutivo del Partido Popular conocía la existencia de una infraestructura política y logística destinada a hacer posible la votación que fue suspendida por el Tribunal Constitucional. La cuestión era hasta dónde llegaba esa capacidad de conocimiento y, sobre todo, qué podía hacer el Estado para impedir la consulta.»No tienen urnas», expresó el entonces líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy, informado por los servicios de inteligencia. El primer día de octubre se toparon con la realidad: la mayoría de los colegios electorales habilitados por el movimiento independentista tenían urnas de plástico fabricadas en China y que entraron por Francia. El CNI no detectó la carga ni el origen, ni durante el traslado ni mucho menos por la entrada en furgonetas a través de la frontera. El material electoral se guardó hasta la fecha señalada en domicilios particulares, garajes y trasteros. Pegasus y los teléfonos del Gobierno
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablando por teléfono en el Congreso.Europa Press via Getty Images
El programa de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group fue utilizado para infectar teléfonos de dirigentes independentistas catalanes para recopilar información durante la etapa del procés hasta la pandemia. Posteriormente se conoció que los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, también habían sido afectados sin que el CNI hubiera detectado a tiempo el hackeo.La crisis desembocó en una cadena de consecuencias políticas e institucionales. El CNI reconoció haber investigado a dirigentes independentistas bajo autorización judicial, mientras que el Gobierno tuvo que explicar cómo había sido posible que dispositivos de miembros del Ejecutivo hubieran sido comprometidos.En mayo de 2022, la entonces directora del CNI, Paz Esteban, fue destituida, lo que puso en tela de juicio la responsabilidad de la inteligencia española en el caso. Después de que el Gobierno llevara a juicio el caso Pegasus, este fue archivado hasta en dos instancias. La primera en 2023 y la más reciente este mismo año por la falta «absoluta» de colaboración de Israel. Aznar y el papel del CNI en el intento de engaño del 11-M
Manifestación por el 11-M.Getty Images
Durante el mayor atentado terrorista de la historia de España, el Gobierno de José María Aznar presionó al Centro Nacional de Inteligencia para sostener públicamente que ETA podía estar detrás de la masacre, apenas unas horas antes de unas elecciones generales. Durante las primeras investigaciones sobre los atentados de Madrid, el Ejecutivo dejó al CNI al margen del operativo y, posteriormente, presionó a sus responsables para obtener documentos oficiales que permitieran vincular directamente a la organización terrorista vasca con la masacre.El entonces director del CNI, Jorge Dezcallar, llegó a revelar que, 72 horas después de los atentados y precisamente durante la jornada de reflexión previa a los comicios, Aznar le instó a realizar una declaración pública en la que asegurara que no se descartaba la hipótesis de ETA, pese a que las principales líneas de investigación ya apuntaban hacia el terrorismo yihadista. «Al CNI no se le dejó entrar en la investigación del 11-M», declaró el propio Dezcallar en una entrevista en El HuffPost.Dezcallar reconocería posteriormente que aquella actuación constituyó un episodio de «engaño y manipulación».La emboscada de Latifiya y ‘los ocho de Irak’
Foto de archivo de una carretera de Irak.Getty Images
Se trata seguramente de la mayor tragedia de la historia del CNI. Corría el 29 de noviembre de 2003 cuando siete agentes del servicio secreto fueron asesinados en una carretera situada al sur de Bagdad y con dirección a Diwaniya. Las tropas españolas se encontraban en Irak por la participación de España, impulsada por el entonces presidente del Gobierno José María Aznar, en la invasión liderada por Estados Unidos. Sólo hubo un superviviente: José Manuel Sánchez Rizo, que logró escapar a pie. Años después, la desclasificación de archivos internos del CNI así como los testimonios durante la investigación judicial pusieron encima de la mesa las deficiencias del operativo. Los vehículos carecían de blindaje, el servicio secreto español no tenía armamento suficiente así como cobertura para poder sobrellevar una ruta predecible, ya que la carretera se consideraba una de las más peligrosas de Irak. La tragedia asentó el último clavo a la ilegitimidad para gran parte de la sociedad de la participación española en una contienda propiciada por Estados Unidos en busca de unas armas de destrucción masiva que nunca se hallaron.Este episodio provocó también un duro enfrentamiento entre el Jorge Dezcallar y el Gobierno de José María Aznar. El entonces ministro de Defensa, Federico Trillo presionó en una «discusión incómoda» para que se acelerara el proceso de reconocimiento de los cadáveres. El escándalo de Alberto Saiz en la época de Zapatero
El exministro de Interior de Senegal Ousmane Ngom y el exdirector del CNI Alberto Saiz, en un acto de 2006.SEYLLOU DIALLO via AFP via Getty Images
El escándalo que acabó con la salida de Alberto Saiz del CNI en 2009 se convirtió en una de las mayores crisis internas del servicio de inteligencia. Las acusaciones contra el director —relacionadas con el supuesto uso de recursos y medios del Estado para actividades particulares, como viajes, obras en su vivienda o el mantenimiento de su embarcación— provocaron una rebelión dentro del propio organismo y una sucesión de filtraciones a los medios. Saiz compareció ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso el 20 de mayo de 2009, donde negó haber utilizado fondos públicos en beneficio personal y atribuyó las acusaciones a una campaña de desprestigio impulsada por agentes descontentos con su gestión. Ante la gravedad de la situación, la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, ordenó una auditoría interna mientras el Gobierno trataba de contener la crisis.El desgaste terminó afectando a la relación de Saiz con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, al que había llegado como persona de la máxima confianza de José Bono. Aunque inicialmente Moncloa mantuvo su respaldo y permitió que el director defendiera su actuación ante el Congreso, la escalada de las denuncias y, sobre todo, la pérdida de autoridad de Saiz dentro del CNI hicieron cada vez más difícil su continuidad. El 2 de julio de 2009, presentó su dimisión irrevocable, alegando que quería evitar que la crisis siguiera perjudicando la imagen del servicio y al propio Gobierno.Traición entre aliados: la CIA y dos agentes del CNI
Imagen de archivo de un folio con CIA.Pedro Salaverria
Otro de los casos llamativos fueron los dos agentes del CNI detenidos en 2023 por presuntamente entregar información clasificada a la CIA. La investigación comenzó tras detectar los sistemas internos accesos anómalos a documentación reservada. Uno de los implicados, un mando veterano vinculado al área de Rusia, habría utilizado su posición para extraer información sensible con la ayuda de otra funcionaria y facilitarla posteriormente a agentes estadounidenses.El episodio adquirió una dimensión diplomática por tratarse de un supuesto caso de espionaje entre servicios de dos países aliados. El objetivo de la CIA era obtener acceso directo a las fuentes, informadores y métodos operativos del CNI en zonas consideradas estratégicas para Washington, especialmente en los ámbitos relacionados con Rusia y el norte de África. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ante esta situación llamó de urgencia a la embajadora estadounidense al tratarse de una operación «hostil» y expulso a dos agentes de la CIA de territorio nacional.
El nacimiento del CNI en 2002 supuso una nueva etapa frente al CESID, que llegaba a su final después de varios escándalos graves, como las escuchas ilegales o la sustracción de documentos secretos en el caso Perote. El nuevo organismo incorporó un marco legal y unos mecanismos de control más definidos, aunque en los años posteriores también se vio envuelto en distintas polémicas y fallos. La diferencia, más que en la ausencia de problemas, estuvo en el intento de dotar al servicio de una estructura más controlada y adaptada al funcionamiento de un Estado democrático.
¿Qué sabía el CNI? ¿De qué informó realmente? El papel del Centro Nacional de Inteligencia ha sido uno de los puntos flacos de la crisis de Ceuta y ha provocado incluso un terremoto interno en el Gobierno, con un duro enfrentamiento entre los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, por la responsabilidad de la entrada a la ciudad autónoma de decenas de miles de personas los pasados 30 y 31 de julio.
La exposición de argumentos tanto de un ministerio como del otro se han intensificado a lo largo de las últimas semanas. Mientras Interior aseguraba que no había informes que señalaran el incremento de entradas a Ceuta, Defensa apuntaba a que sí que había habido información trasmitida por otras vías. A la par, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en la Cadena SER que «no había discrepancias», pero remarcó que el Centro no precisó la «magnitud» de la entrada.
No es la primera vez que el CNI está expuesto públicamente más de lo que le gustaría a los espías españoles. Estos son algunos de los episodios que más han marcado al Centro desde que entró en funcionamiento en 2002.
1-O y las urnas que nunca se pudieron encontrar
Urna fotografiada durante el uno de octubre de 2017.
Corría el año 2017 cuando en Cataluña el procés estaba en su momento álgido. La promesa del entonces Gobierno de la Generalitat de convocar un referéndum de autodeterminación se consolidó en una fecha grabada en piedra desde entonces: el uno de octubre. El Ejecutivo del Partido Popular conocía la existencia de una infraestructura política y logística destinada a hacer posible la votación que fue suspendida por el Tribunal Constitucional. La cuestión era hasta dónde llegaba esa capacidad de conocimiento y, sobre todo, qué podía hacer el Estado para impedir la consulta.
«No tienen urnas», expresó el entonces líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy, informado por los servicios de inteligencia. El primer día de octubre se toparon con la realidad: la mayoría de los colegios electorales habilitados por el movimiento independentista tenían urnas de plástico fabricadas en China y que entraron por Francia. El CNI no detectó la carga ni el origen, ni durante el traslado ni mucho menos por la entrada en furgonetas a través de la frontera. El material electoral se guardó hasta la fecha señalada en domicilios particulares, garajes y trasteros.
Pegasus y los teléfonos del Gobierno
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablando por teléfono en el Congreso.
El programa de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group fue utilizado para infectar teléfonos de dirigentes independentistas catalanes para recopilar información durante la etapa del procés hasta la pandemia. Posteriormente se conoció que los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, también habían sido afectados sin que el CNI hubiera detectado a tiempo el hackeo.
La crisis desembocó en una cadena de consecuencias políticas e institucionales. El CNI reconoció haber investigado a dirigentes independentistas bajo autorización judicial, mientras que el Gobierno tuvo que explicar cómo había sido posible que dispositivos de miembros del Ejecutivo hubieran sido comprometidos.
En mayo de 2022, la entonces directora del CNI, Paz Esteban, fue destituida, lo que puso en tela de juicio la responsabilidad de la inteligencia española en el caso. Después de que el Gobierno llevara a juicio el caso Pegasus, este fue archivado hasta en dos instancias. La primera en 2023 y la más reciente este mismo año por la falta «absoluta» de colaboración de Israel.
Aznar y el papel del CNI en el intento de engaño del 11-M
Manifestación por el 11-M.
Durante el mayor atentado terrorista de la historia de España, el Gobierno de José María Aznar presionó al Centro Nacional de Inteligencia para sostener públicamente que ETA podía estar detrás de la masacre, apenas unas horas antes de unas elecciones generales. Durante las primeras investigaciones sobre los atentados de Madrid, el Ejecutivo dejó al CNI al margen del operativo y, posteriormente, presionó a sus responsables para obtener documentos oficiales que permitieran vincular directamente a la organización terrorista vasca con la masacre.
El entonces director del CNI, Jorge Dezcallar, llegó a revelar que, 72 horas después de los atentados y precisamente durante la jornada de reflexión previa a los comicios, Aznar le instó a realizar una declaración pública en la que asegurara que no se descartaba la hipótesis de ETA, pese a que las principales líneas de investigación ya apuntaban hacia el terrorismo yihadista. «Al CNI no se le dejó entrar en la investigación del 11-M», declaró el propio Dezcallar en una entrevista en El HuffPost.
Dezcallar reconocería posteriormente que aquella actuación constituyó un episodio de «engaño y manipulación».
La emboscada de Latifiya y ‘los ocho de Irak’
Foto de archivo de una carretera de Irak.
Se trata seguramente de la mayor tragedia de la historia del CNI. Corría el 29 de noviembre de 2003 cuando siete agentes del servicio secreto fueron asesinados en una carretera situada al sur de Bagdad y con dirección a Diwaniya. Las tropas españolas se encontraban en Irak por la participación de España, impulsada por el entonces presidente del Gobierno José María Aznar, en la invasión liderada por Estados Unidos. Sólo hubo un superviviente: José Manuel Sánchez Rizo, que logró escapar a pie.
Años después, la desclasificación de archivos internos del CNI así como los testimonios durante la investigación judicial pusieron encima de la mesa las deficiencias del operativo. Los vehículos carecían de blindaje, el servicio secreto español no tenía armamento suficiente así como cobertura para poder sobrellevar una ruta predecible, ya que la carretera se consideraba una de las más peligrosas de Irak. La tragedia asentó el último clavo a la ilegitimidad para gran parte de la sociedad de la participación española en una contienda propiciada por Estados Unidos en busca de unas armas de destrucción masiva que nunca se hallaron.
Este episodio provocó también un duro enfrentamiento entre el Jorge Dezcallar y el Gobierno de José María Aznar. El entonces ministro de Defensa, Federico Trillo presionó en una «discusión incómoda» para que se acelerara el proceso de reconocimiento de los cadáveres.
El escándalo de Alberto Saiz en la época de Zapatero
El exministro de Interior de Senegal Ousmane Ngom y el exdirector del CNI Alberto Saiz, en un acto de 2006.
El escándalo que acabó con la salida de Alberto Saiz del CNI en 2009 se convirtió en una de las mayores crisis internas del servicio de inteligencia. Las acusaciones contra el director —relacionadas con el supuesto uso de recursos y medios del Estado para actividades particulares, como viajes, obras en su vivienda o el mantenimiento de su embarcación— provocaron una rebelión dentro del propio organismo y una sucesión de filtraciones a los medios.
Saiz compareció ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso el 20 de mayo de 2009, donde negó haber utilizado fondos públicos en beneficio personal y atribuyó las acusaciones a una campaña de desprestigio impulsada por agentes descontentos con su gestión. Ante la gravedad de la situación, la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, ordenó una auditoría interna mientras el Gobierno trataba de contener la crisis.
El desgaste terminó afectando a la relación de Saiz con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, al que había llegado como persona de la máxima confianza de José Bono. Aunque inicialmente Moncloa mantuvo su respaldo y permitió que el director defendiera su actuación ante el Congreso, la escalada de las denuncias y, sobre todo, la pérdida de autoridad de Saiz dentro del CNI hicieron cada vez más difícil su continuidad. El 2 de julio de 2009, presentó su dimisión irrevocable, alegando que quería evitar que la crisis siguiera perjudicando la imagen del servicio y al propio Gobierno.
Traición entre aliados: la CIA y dos agentes del CNI
Imagen de archivo de un folio con CIA.
Otro de los casos llamativos fueron los dos agentes del CNI detenidos en 2023 por presuntamente entregar información clasificada a la CIA. La investigación comenzó tras detectar los sistemas internos accesos anómalos a documentación reservada. Uno de los implicados, un mando veterano vinculado al área de Rusia, habría utilizado su posición para extraer información sensible con la ayuda de otra funcionaria y facilitarla posteriormente a agentes estadounidenses.
El episodio adquirió una dimensión diplomática por tratarse de un supuesto caso de espionaje entre servicios de dos países aliados. El objetivo de la CIA era obtener acceso directo a las fuentes, informadores y métodos operativos del CNI en zonas consideradas estratégicas para Washington, especialmente en los ámbitos relacionados con Rusia y el norte de África. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ante esta situación llamó de urgencia a la embajadora estadounidense al tratarse de una operación «hostil» y expulso a dos agentes de la CIA de territorio nacional.
El nacimiento del CNI en 2002 supuso una nueva etapa frente al CESID, que llegaba a su final después de varios escándalos graves, como las escuchas ilegales o la sustracción de documentos secretos en el caso Perote. El nuevo organismo incorporó un marco legal y unos mecanismos de control más definidos, aunque en los años posteriores también se vio envuelto en distintas polémicas y fallos. La diferencia, más que en la ausencia de problemas, estuvo en el intento de dotar al servicio de una estructura más controlada y adaptada al funcionamiento de un Estado democrático.
