PP y Vox dan la espalda a la crisis de la vivienda y la presión de los decretos recae sobre Podemos y Junts

PP y Vox dan la espalda a la crisis de la vivienda y la presión de los decretos recae sobre Podemos y Junts



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La bandera republicana decora el Oso y el Madroño en la Puerta del Sol. A sus pies, incontables tiendas de campaña se extienden por el kilómetro cero de la capital. El centro neurálgico de la lucha por la vivienda ha crecido desde que el pasado sábado comenzara el asentamiento hasta convertirse, prácticamente, en una ciudad dentro de otra ciudad. Tarde tras tarde, miles de personas se concentran en el corazón de Madrid. A apenas 600 metros se encuentra el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional y escenario al que se dirigen todas las miradas después de que este martes el Gobierno anunciara el acuerdo para sacar adelante dos decretos de vivienda.»Va a caer por su propio peso», señalan fuentes de Sumar. «El problema de la vivienda les va a pasar por encima si pretenden bloquearlo», añaden, en referencia al resto de socios habituales del Gobierno. En la Cámara Baja se ha respirado una suerte de día después: prudencia ante lo anunciado el martes y, al mismo tiempo, conciencia de la presión que soportan los grupos, obligados a posicionarse en menos de 48 horas. «Todos los grupos saben que es un decreto para que todos estén cómodos y puedan defenderlo», explican fuentes de Moncloa a El HuffPost sobre el primer documento. «Es el mejor momento de la coalición y la negociación que mejor hemos trabajado», señalan fuentes socialistas. El balón está ahora en el tejado de tres partidos concretos: PNV, Junts y Podemos. «El texto definitivo lo hemos presentado esta mañana. Demos tiempo, pero reconocemos que somos optimistas», han apuntado fuentes del Gobierno. En el caso del PNV, su líder, Aitor Esteban, ha estado presente a lo largo de la jornada parlamentaria. «Parecía que había buen rollo», se ha escuchado en los pasillos del Congreso. En Junts, en cambio, el secretismo de su voto marcará los últimos pasos antes del viernes. Con una presión determinante: el Sindicato de Inquilinas pidió este miércoles por la tarde que todas las formaciones den luz verde a los textos. «El cambio de Junts también dice algo», apuntan fuentes de Sumar. En la formación consideran que el escenario político ha cambiado sustancialmente al calor de las movilizaciones y, con él, la posición del partido. «Antes hablaban de los okupas y ahora el marco ha cambiado absolutamente», señalan, en referencia clara al papel desempeñado por el Sindicato de Inquilinas y las movilizaciones que atraviesan a todo el país, que tuvieron su inicio en la emblemática plaza madrileña cargada con un enorme simbolismo en el año del 15 aniversario del 15M. «Lo están haciendo genial. Si sale todo adelante, la victoria es suya, de la calle, y pueden tener un trampolín enorme para que se puedan aprobar cosas que se pensaban imposibles», reconocen desde Sumar, que no oculta su entusiasmo ante unas movilizaciones que han conseguido situar la vivienda en el centro del debate político. «Ahí está la juventud española, esa a la que acusaban de reaccionaria y conservadora, llenando plazas. Estoy muy orgulloso de mi país», añaden. El optimismo, sin embargo, no ha despejado las incógnitas que todavía sobrevuelan la negociación. Todas las miradas siguen puestas en Junts. «Si a Junts le parecieran horribles los decretos, seguro que ya lo habría dicho», deslizan desde Sumar. Una lectura que comparten en Moncloa, donde confían en que la presión social dificulte un eventual rechazo. «El contexto social hace muy difícil votar en contra», sostienen.

 

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el ministro de cultura, Ernest Urtasun, y la ministra de Sanidad, Mónica García.Europa Press via Getty Images

Las palabras de Junts en los pasillos del Congreso no han aclarado su posición. Su portavoz, Miriam Nogueras, ha trasladado la «decepción» y la «preocupación» de la formación tras «un primer análisis» del texto, unas declaraciones que han tratado de enfriar el ambiente. «Dan por hecho que vamos a votar que sí por quedar bien, pero tenemos que verlo», advierten fuentes del partido independentista. La cautela se ha impuesto en una jornada parlamentaria en la que las conversaciones y los contactos discretos han tenido tanto protagonismo como la actividad en el hemiciclo. Con la votación a la vuelta de la esquina, Junts mantiene en el aire el sentido de su voto y obliga al Ejecutivo a apurar las negociaciones para intentar sumar su respaldo.Tampoco Podemos ha despejado las dudas. Desde Moncloa han lanzado un mensaje directo a la formación morada, a la que recuerdan que el decreto incluye medidas que consideran esenciales para la izquierda. «Ningún partido de izquierdas puede decir que no. Son medidas progresistas que beneficiarían a más de cinco millones de personas», defienden fuentes del Ejecutivo. Podemos, por su parte, ha anunciado que se reunirá este jueves con el Sindicato de Inquilinas antes de tomar una decisión. Este miércoles por la tarde el Sindicato pidió el voto a favor de todos los partidos.La formación reivindica el alcance de las movilizaciones, pero también cuestiona los tiempos marcados por el Gobierno. «La movilización social masiva es lo mejor que ha pasado en muchos años. Veremos si sale el primer decreto. Nos han dado 48 horas en vez de 30 días para ejercer presión. Ellos tienen sus armas y nosotros las nuestras», señalan. Mientras la calle mantiene el pulso y los grupos miden sus palabras, el Gobierno se enfrenta a una cuenta atrás en la que cada voto resulta decisivo.Del que «ni está ni se le espera» es el Partido Popular. «Qué clase de oposición es, si no propone ni hace nada», protestan fuentes del Ejecutivo. «PP y Vox lo van a pasar muy mal el viernes. Si votan en contra saldrán tocados. Incluso los propietarios saben que hay un problema evidente», expresa un diputado de los socios habituales del Gobierno. Alberto Núñez Feijóo, por su lado, ha salido en tromba contra los decretos, a los que ha calificado de «trampa» y ha acusado al Ejecutivo de ser «incapaz de hacer una política de vivienda sensata». Aunque ha admitido que todavía no conoce en profundidad el contenido de los textos, ha adelantado el voto en contra de su grupo por la «inseguridad jurídica» de la norma. «Por respeto a los españoles y a la decencia, nosotros no vamos a apoyar a un Gobierno tramposo», ha sentenciado.La sombra del segundo decreto

 

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.Europa Press via Getty Images

Dentro del optimismo del Ejecutivo respecto al primer decreto, la gran incógnita permanece en el segundo: el que plantea la renovación automática de los contratos de alquiler habitual. «Más allá de que partidos como el PNV o Junts se hayan posicionado a favor o en contra, lo cierto es que es una medida nueva. Tenemos que ver las posiciones y cómo evoluciona la situación en las próximas horas», señalan fuentes del Ministerio de Vivienda. En los pasillos de la Cámara Baja, sin embargo, la sensación ha sido que sus posibilidades de salir adelante son más inciertas. «El primero creo que saldrá sí o sí; el segundo… veremos», reconocen fuentes socialistas.Desde Sumar, el optimismo se alimenta de lo que ocurre fuera del Congreso. «Hace diez días parecía imposible, hoy es insuficiente… Hay que seguir. Por eso llamamos a la movilización social. Si hasta el viernes la gente se moviliza, esto puede salir adelante», explican fuentes de la formación. El partido también ha puesto sobre la mesa las medidas que, a su juicio, todavía faltan en el paquete: «La fiscalidad disuasoria para propietarios con más de cuatro viviendas y una mayor construcción de vivienda pública», una cuestión que se abordará en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
El reloj corre y el margen para negociar se estrecha. Con la calle manteniendo la presión y los partidos midiendo cada palabra, el Gobierno afronta las próximas horas con la mirada puesta en un Congreso donde cada voto puede marcar el futuro de sus decretos de vivienda. El primero parte con un respaldo que en Moncloa dan prácticamente por asegurado; el segundo, en cambio, llega a la recta final rodeado de incógnitas. Será entre los pasillos de la Cámara Baja y las plazas del país donde se termine de decidir si el acuerdo anunciado esta semana logra convertirse en norma o vuelve a quedarse a las puertas del Congreso.

La bandera republicana decora el Oso y el Madroño en la Puerta del Sol. A sus pies, incontables tiendas de campaña se extienden por el kilómetro cero de la capital. El centro neurálgico de la lucha por la vivienda ha crecido desde que el pasado sábado comenzara el asentamiento hasta convertirse, prácticamente, en una ciudad dentro de otra ciudad. Tarde tras tarde, miles de personas se concentran en el corazón de Madrid. A apenas 600 metros se encuentra el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional y escenario al que se dirigen todas las miradas después de que este martes el Gobierno anunciara el acuerdo para sacar adelante dos decretos de vivienda.

«Va a caer por su propio peso», señalan fuentes de Sumar. «El problema de la vivienda les va a pasar por encima si pretenden bloquearlo», añaden, en referencia al resto de socios habituales del Gobierno. En la Cámara Baja se ha respirado una suerte de día después: prudencia ante lo anunciado el martes y, al mismo tiempo, conciencia de la presión que soportan los grupos, obligados a posicionarse en menos de 48 horas. «Todos los grupos saben que es un decreto para que todos estén cómodos y puedan defenderlo», explican fuentes de Moncloa a El HuffPost sobre el primer documento. «Es el mejor momento de la coalición y la negociación que mejor hemos trabajado», señalan fuentes socialistas. 

El balón está ahora en el tejado de tres partidos concretos: PNV, Junts y Podemos. «El texto definitivo lo hemos presentado esta mañana. Demos tiempo, pero reconocemos que somos optimistas», han apuntado fuentes del Gobierno. En el caso del PNV, su líder, Aitor Esteban, ha estado presente a lo largo de la jornada parlamentaria. «Parecía que había buen rollo», se ha escuchado en los pasillos del Congreso. En Junts, en cambio, el secretismo de su voto marcará los últimos pasos antes del viernes. Con una presión determinante: el Sindicato de Inquilinas pidió este miércoles por la tarde que todas las formaciones den luz verde a los textos. 

«El cambio de Junts también dice algo», apuntan fuentes de Sumar. En la formación consideran que el escenario político ha cambiado sustancialmente al calor de las movilizaciones y, con él, la posición del partido. «Antes hablaban de los okupas y ahora el marco ha cambiado absolutamente«, señalan, en referencia clara al papel desempeñado por el Sindicato de Inquilinas y las movilizaciones que atraviesan a todo el país, que tuvieron su inicio en la emblemática plaza madrileña cargada con un enorme simbolismo en el año del 15 aniversario del 15M. 

«Lo están haciendo genial. Si sale todo adelante, la victoria es suya, de la calle, y pueden tener un trampolín enorme para que se puedan aprobar cosas que se pensaban imposibles», reconocen desde Sumar, que no oculta su entusiasmo ante unas movilizaciones que han conseguido situar la vivienda en el centro del debate político. «Ahí está la juventud española, esa a la que acusaban de reaccionaria y conservadora, llenando plazas. Estoy muy orgulloso de mi país«, añaden. 

El optimismo, sin embargo, no ha despejado las incógnitas que todavía sobrevuelan la negociación. Todas las miradas siguen puestas en Junts. «Si a Junts le parecieran horribles los decretos, seguro que ya lo habría dicho», deslizan desde Sumar. Una lectura que comparten en Moncloa, donde confían en que la presión social dificulte un eventual rechazo. «El contexto social hace muy difícil votar en contra», sostienen.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el ministro de cultura, Ernest Urtasun, y la ministra de Sanidad, Mónica García.

 

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el ministro de cultura, Ernest Urtasun, y la ministra de Sanidad, Mónica García.Europa Press via Getty Images

Las palabras de Junts en los pasillos del Congreso no han aclarado su posición. Su portavoz, Miriam Nogueras, ha trasladado la «decepción» y la «preocupación» de la formación tras «un primer análisis» del texto, unas declaraciones que han tratado de enfriar el ambiente. «Dan por hecho que vamos a votar que sí por quedar bien, pero tenemos que verlo», advierten fuentes del partido independentista. La cautela se ha impuesto en una jornada parlamentaria en la que las conversaciones y los contactos discretos han tenido tanto protagonismo como la actividad en el hemiciclo. Con la votación a la vuelta de la esquina, Junts mantiene en el aire el sentido de su voto y obliga al Ejecutivo a apurar las negociaciones para intentar sumar su respaldo.

Tampoco Podemos ha despejado las dudas. Desde Moncloa han lanzado un mensaje directo a la formación morada, a la que recuerdan que el decreto incluye medidas que consideran esenciales para la izquierda. «Ningún partido de izquierdas puede decir que no. Son medidas progresistas que beneficiarían a más de cinco millones de personas», defienden fuentes del Ejecutivo. Podemos, por su parte, ha anunciado que se reunirá este jueves con el Sindicato de Inquilinas antes de tomar una decisión. Este miércoles por la tarde el Sindicato pidió el voto a favor de todos los partidos.

La formación reivindica el alcance de las movilizaciones, pero también cuestiona los tiempos marcados por el Gobierno. «La movilización social masiva es lo mejor que ha pasado en muchos años. Veremos si sale el primer decreto. Nos han dado 48 horas en vez de 30 días para ejercer presión. Ellos tienen sus armas y nosotros las nuestras», señalan. Mientras la calle mantiene el pulso y los grupos miden sus palabras, el Gobierno se enfrenta a una cuenta atrás en la que cada voto resulta decisivo.

Del que «ni está ni se le espera» es el Partido Popular. «Qué clase de oposición es, si no propone ni hace nada», protestan fuentes del Ejecutivo. «PP y Vox lo van a pasar muy mal el viernes. Si votan en contra saldrán tocados. Incluso los propietarios saben que hay un problema evidente», expresa un diputado de los socios habituales del Gobierno. Alberto Núñez Feijóo, por su lado, ha salido en tromba contra los decretos, a los que ha calificado de «trampa» y ha acusado al Ejecutivo de ser «incapaz de hacer una política de vivienda sensata». Aunque ha admitido que todavía no conoce en profundidad el contenido de los textos, ha adelantado el voto en contra de su grupo por la «inseguridad jurídica» de la norma. «Por respeto a los españoles y a la decencia, nosotros no vamos a apoyar a un Gobierno tramposo», ha sentenciado.

La sombra del segundo decreto

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

 

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.Europa Press via Getty Images

Dentro del optimismo del Ejecutivo respecto al primer decreto, la gran incógnita permanece en el segundo: el que plantea la renovación automática de los contratos de alquiler habitual. «Más allá de que partidos como el PNV o Junts se hayan posicionado a favor o en contra, lo cierto es que es una medida nueva. Tenemos que ver las posiciones y cómo evoluciona la situación en las próximas horas«, señalan fuentes del Ministerio de Vivienda. En los pasillos de la Cámara Baja, sin embargo, la sensación ha sido que sus posibilidades de salir adelante son más inciertas. «El primero creo que saldrá sí o sí; el segundo… veremos», reconocen fuentes socialistas.

Desde Sumar, el optimismo se alimenta de lo que ocurre fuera del Congreso. «Hace diez días parecía imposible, hoy es insuficiente… Hay que seguir. Por eso llamamos a la movilización social. Si hasta el viernes la gente se moviliza, esto puede salir adelante«, explican fuentes de la formación. El partido también ha puesto sobre la mesa las medidas que, a su juicio, todavía faltan en el paquete: «La fiscalidad disuasoria para propietarios con más de cuatro viviendas y una mayor construcción de vivienda pública», una cuestión que se abordará en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

El reloj corre y el margen para negociar se estrecha. Con la calle manteniendo la presión y los partidos midiendo cada palabra, el Gobierno afronta las próximas horas con la mirada puesta en un Congreso donde cada voto puede marcar el futuro de sus decretos de vivienda. El primero parte con un respaldo que en Moncloa dan prácticamente por asegurado; el segundo, en cambio, llega a la recta final rodeado de incógnitas. Será entre los pasillos de la Cámara Baja y las plazas del país donde se termine de decidir si el acuerdo anunciado esta semana logra convertirse en norma o vuelve a quedarse a las puertas del Congreso.

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